1.
La administración se muestra ufana ante la oferta (aproximadamente 1900
vacantes), pero esta cifra esconde un incremento de la precariedad en el empleo
y un empeoramiento de las condiciones de trabajo de parte del profesorado.
Efectivamente, más de 300 de esas plazas son vacantes de media jornada
(lo cual supone un 16 % de empleo precario). Otras casi 300 (casi el 15
%) son plazas itinerantes, en muchos casos de nueva creación a causa del
incumplimiento de los acuerdos de primaria que determinan un cupo de profesorado
de apoyo en función del número de unidades y que la consejería
incumple sistemáticamente: profesoras/es que antes atendían uno
o dos centros, ahora aumentan su itinerancia en uno o dos centros más.
2.
Respecto a las 621 plazas adjudicadas a los diferentes colectivos de funcionarios
en situación de provisionalidad, 190 corresponden a profesorado funcionario
"afectado por una circunstancia que implica pérdida provisional del
destino que venía desempeñando con carácter definitivo",
o sea, desplazadas/os forzosos, lo cual redunda en la merma de las condiciones
de trabajo de un importante sector del profesorado.
3.
Respecto a los 105 desplazados forzosos de secundaria de la lista inicial, y una
vez corregidos numerosos errores a instancias fundamentalmente de SUATEA, quedó
reducida a 68. Ha de hacerse notar que la administración únicamente
corrigió errores de bulto (gente desplazada fuera de la localidad ilegalmente,
o/y obligada a impartir una materia distinta a la de su especialidad, también
ilegal) en los casos en los que ha habido reclamación previa. Dado lo apretadísimo
de los plazos y la forma de comunicación (virtual, en la web de Educastur)
es posible que haya profesorado que no se haya enterado con tiempo suficiente
para reclamar y se puede encontrar con la desagradable sorpresa de tener un puesto
de trabajo diferente al que jurídicamente le corresponde.
4.
A esto hay que añadir, y esto es especialmente grave, la situación
de diez profesoras/es a los que no se les adjudica destino, quedando provisionalmente
en su centro a expensas de lo que la administración pueda determinar. Dado
que no pueden ser desplazados de la localidad en que trabajan, la administración
amenaza con dejarles en su actual puesto de trabajo reduciéndoles parte
del salario en función del horario lectivo que finalmente se les adjudique.SUATEA
entiende que esta es una amenaza intolerable con la intención de amedrentar
al profesorado que pretende hacer valer sus derechos, respaldados, por otra parte,
por sentencia del TSJA que declaraba las "plantillas funcionales" ilegales
y contrarias a derecho. Ahora no se llaman así, pero el concepto y la forma
de adjudicación no han variado en la intención de la Consejería.
5. Por
último, la Consejería se muestra especialmente molesta por lo que
llaman "judicialización" de las adjudicaciones por parte de SUATEA.
Como es sabido por anteriores comunicados, SUATEA ha intentado en todo momento
llegar a una negociación satisfactoria con la administración lo
cual ha sido de todo punto imposible dada la cerrazón de la misma. La vía
judicial es la única que nos dejan cuando las negociaciones no son posibles.
Uviéu,
20 de xunetu de 2004