Entrevista a Ana Rosa Migoya en la Nueva España de Gijón. Domingo 6 de abril de 2008

Ana Rosa Migoya, consejera de Administraciones Públicas, visitó LA NUEVA ESPAÑA de Gijón el pasado jueves, cuando ejercía como presidenta en funciones del Principado. Se dedicó cuatro años a la Universidad Laboral y ahora la contempla con más tranquilidad.

R. VALLE
Ana Rosa Migoya (Piloña, 1964) inició su andadura política como concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Piloña. Y la cultura fue también su vía de acceso al Gobierno regional. La nueva legislatura ha colocado a la diputada socialista al frente de la Consejería de Administraciones Públicas y le ha dado el trabajo suplementario de ser la portavoz del Gobierno.La Universidad Laboral, de la que, confiesa, sólo conocía la torre y el patio antes de ponerse manos a la obra para convertirla en una Ciudad de la Cultura, ha dejado de ser una de sus preocupaciones. Ahora lo son las relaciones con cerca de 35.000 personas que trabajan en la «empresa Principado»: la más grande de Asturias.
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Algunos ven en la Laboral un pozo sin fondo para los dineros públicos...
–No. Se gastaron entre 60 y 70 millones en obra civil que, teniendo en cuenta la cantidad de metros cuadrados sobre los que se actuó, genera una relación buenísima entre euros y metros cuadrados. En otros sitios de España se están poniendo en marcha complejos de esta naturaleza con cifras que superan con creces ésta. En Galicia, sin ir más lejos, el proyecto supera los 500 millones. Y sólo en la obra civil. La Laboral mereció la pena y es una inversión muy buena de dinero público.
–¿Y a partir de ahora?
–Otra cosa es el mantenimiento, la actividad y el gasto en los ejercicios próximos de todos los centros, unos dependientes del Principado y otros no. Hay que tener en cuenta que el Principado era, hasta ahora, la única comunidad que no tenía algún equipamiento cultural de titularidad autonómica. Se buscó, además, una oferta distinta. Oviedo tiene una alternativa cultural más clásica, pero Gijón es una ciudad más nueva y más cosmopolita. Y eso hacía que fuera una buena opción apostar por las nuevas tendencias artísticas, por el arte de vanguardia, y arriesgar al poner en marcha espacios de creación contemporánea. Otra carencia que tenía Asturias.
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–¿Cuántos funcionarios tiene Asturias ahora mismo?
–Estamos cerca de los 35.000. Una cifra que superaremos cuando lleguen las transferencias de justicia.
–De lejos, la primera empresa de Asturias...
–De lejísimos.
–Los funcionarios de Educación sostienen que ustedes han establecido un mayor control sobre su área. ¿Cuál es la filosofía de su Gobierno sobre la función pública?
–En esta legislatura el Gobierno se planteó tener una Consejería de Administraciones Públicas con todas las competencias en materia de personal y de negociación colectiva. El volumen y el gasto en personal es muy importante y, como cualquier empresa responsable, se tiene que ejercer un control. Es cierto que tradicionalmente Educación tenía su propio departamento de recursos humanos y su propia negociación colectiva, pero eso cambió con el Estatuto Básico del Empleado Público, que entró en vigor en mayo y suprime las mesas sectoriales para crear una sola mesa general de negociación de la Administración. El marco de la negociación lo cambió una ley básica del Estado, no es que yo no quiera que la mesa sectorial no se reúna. Las cosas han cambiado y deben entenderlo así. En Educación, con 12.000 efectivos distribuidos por todo el territorio, se mantiene un núcleo de gestión de personal: pero no de la gestión administrativa, sino de aquello que tiene que ver con el día a día de la relación con los centros. Yo comprendo que las organizaciones sindicales tengan su opinión, pero nosotros estamos en nuestro derecho de buscar la estructura organizativa que creemos que es más eficiente para los intereses generales. Y creemos que es ésta. Los sindicatos también hacen caballo de batalla de que ahora las pruebas de selección las haga el Instituto de Administración Pública Adolfo Posada, pero igual que para el resto de la Administración del Principado de Asturias. La filosofía del Gobierno es que Educación no es un mundo aparte.
–También hay movilizaciones ante el pago del complemento de la carrera profesional. ¿Cómo se gestiona?
–La carrera profesional surgió en España para las carreras sanitarias, que son las que la tienen regulada y tienen una legislación específica. El Gobierno de Asturias expresó la voluntad, y la puso en marcha, de extender el derecho a la carrera a todos los empleados públicos. Somos la única comunidad que ha hecho esto y creo que es un esfuerzo, económico y organizativo, que hay que reconocernos. Si algún colectivo interpreta la carrera como una subida salarial, es un error. No lo es. La carrera lleva consigo un incentivo económico, pero va ligada a unos objetivos de organización y de búsqueda de la eficiencia y lleva pareja una evaluación del desempeño. Es un gran reto. En Sanidad se desarrolló de manera más rápida, porque ya estaba regulada, y en el resto de la Administración se planteó la adhesión voluntaria. Quienes no lo hicieron tuvieron la opción de elegir, no se adhirieron y ahora nos reclaman cobrar. Es incomprensible. Algunas organizaciones sindicales promovieron una campaña de no adhesión a la carrera. Lo respeto, pero si hubo trabajadores que no se adhirieron siguiendo esas consignas ahora no pueden pretender que se les trate igual que a quienes asumieron el compromiso.
–¿No es irregular dar un complemento económico por una carrera que no está desarrollada?
–No es irregular. La falta de legislación se compensó con una resolución que expresaba la voluntad de iniciar la carrera en el primer tramo con un pago a cuenta y la Administración tiene ahora la obligación de desarrollar el modelo de evaluación. Allí se establecerán los objetivos y las metas a alcanzar, y si se consiguen o no por parte de cada trabajador.
–¿Para cuándo?
–Está en una fase muy avanzada. Tenemos prácticamente el documento finalizado y en pocas semanas estará publicada en el «Boletín Oficial» la evaluación a la que tendrán que someterse todos los que se adscribieron a la carrera profesional y están cobrando el grado uno. Y estamos también en una fase muy avanzada de elaboración de una nueva ley de la Función Pública en Asturias que, entre otras cosas, fije el desarrollo de la carrera profesional. La ley de la Función Pública es un texto complejo que nosotros queremos negociar con las organizaciones sindicales antes de presentarla en el Parlamento, para que lleve un respaldo sindical y sea una ley consensuada. Será la herramienta de dirección de los empleados públicos en las próximas décadas. Es una norma muy importante.
–¿Y va .../... .