Cuando en 1996 SUATEA y la Confederación de STEs- I conmemorábamos este día de lucha internacional por la mejora de las condiciones de trabajo y en memoria de las personas afectadas por muertes, accidentes y enfermedades ocasionados por el trabajo, lo hacíamos con sentimientos contrapuestos. Ilusión, por un lado, ante la reciente aprobación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (noviembre 1995), que aunque con excesivo retraso, y con un contenido excesivamente recortado por la presión empresarial, ponía fin a la visión tradicional de seguridad, limitada hasta entonces a los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y a la cultura de la indemnización una vez perdida la salud. Efectivamente, por primera vez en la legislación española se ponía el énfasis en la prevención y promoción de la salud y se hablaba de todo tipo de riesgos laborales como los psicosociales, posturales, y los relacionados con la maternidad, etc. Por otro lado preocupación -la situación de la salud laboral en el Estado era nefasta- y desconfianza ¿quién aseguraba la puesta en marcha de la nueva Ley?

En los 8 años transcurridos desde la publicación de la Ley (lamentablemente también de incumplimiento, reiteradamente denunciado por la Confederación de STEs-I-), el contexto educativo ha cambiado significativamente. La reunión de la Organización Mundial de Comercio en Qatar en 2001 dio luz verde a la comercialización mundial de la educación, proclamó su intención de adecuar la educación a las exigencias del mercado en sus contenidos, prácticas y gestión. Voluntad de someter la escuela a la economía; de introducir de forma masiva las innovaciones tecnológicas al servicio de empresas; de formar competencias específicas para favorecer la "adaptabilidad" (sic) del trabajador/a.

Tales exigencias nos han sumergido en el lenguaje y la práctica de la selección, especialización, liberalización, comercialización al servicio de las empresas, libre circulación, trabajadores fácilmente desechables y precarización del trabajo.
En esta línea han ido las políticas legislativas que conocemos y sus desarrollos. Leyes como la LOCE, la LOU y la ley de la FP y las cualificaciones están cuajadas de estas ideas. Modificaciones que inevitablemente se traducen en el empeoramiento de las condiciones de trabajo, de la calidad de vida y de la salud del profesorado.

Estos últimos años han puesto de manifiesto la imperiosa necesidad que tenemos las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza de que la Ley se cumpla. Sin embargo, el gobierno del PP ,ha puesto de manifiesto una nula voluntad política de hacerlo. Durante el gobierno Aznar no se ha modificado la lista de enfermedades profesionales que data de 1978 y no se han reconocido enfermedades laborales que tienen una relación evidente con el trabajo, como las enfermedades musculoesqueléticas, los nódulos de las cuerdas vocales, el estrés o el síndrome del profesor quemado que afectan a un elevadísimo número de docentes.

En la misma línea las Administraciones Educativas se han caracterizado durante estos años por la ausencia absoluta de cultura preventiva, poniendo trabas de todo tipo a la constitución y funcionamiento de los Comités de Seguridad y Salud, escatimando la formación para las personas que los constituyen, contratando Servicios de Prevención a empresas privadas -con el consiguiente ánimo de lucro entre sus objetivos-, abusando de los contratos temporales, negando la participación de los trabajadores en la planificación y organización del trabajo, infravalorando la importancia de la evaluación de riesgos en todos los centros de trabajo y no garantizando la adecuada vigilancia de la salud, aspectos todos ellos recogidos como obligaciones del empresario en la Ley de prevención, y por tanto derechos que se están hurtando a las y los trabajadores.

SUATEA y la Confederación de STEs-Intersindical exigen la mejora de las condiciones de trabajo de las y los trabajadores de la enseñanza y, por tanto, la mejora su salud laboral mediante el cumplimiento por parte de las Administraciones Educativas y de los empresarios de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

No más demoras ni engaños, cumplimiento inmediato de la ley:
Con nuestra salud no se juega.